Concertados

Antonio García

En estos momentos de conflicto en el mundo de la enseñanza, y de lo público en su conjunto, no puede uno por menos de plasmar por escrito algunas de las ideas que le bullen en la cabeza y no sería bueno privarse de realizar una confrontación sosegada, tranquila y sobre todo respetuosa, con las de otros que en estos momentos puedan aparecer en el debate social.

Como siempre se tiende hacía lo cercano, yo me voy a centrar en la enseñanza concertada, esa enseñanza a caballo entre lo privado y lo público, que es gestionada de forma privada, pero que está sujeta a las normas establecidas por las administraciones educativas y financiada con dinero público.

Esta situación hace plantearse interrogantes sobre el carácter público o privado de la enseñanza concertada, que cada cual interpreta a su manera según se ponga el énfasis en la titularidad' del centro o en la procedencia de los fondos públicos que la financian.

Sin entrar en profundidad en esta cuestión creo que no se puede asegurar que la enseñanza concertada tenga todos los caracteres de la enseñanza privada, y es necesario reconocer que goza de algunos propios de la enseñanza pública.

Es en estos aspectos de carácter social donde voy a centrarme por ser valorados de formas opuestas por las patronales y por las organizaciones sindicales.

Aspectos sociales que afectan a los trabajadores: el pago delegado y los acuerdos de mantenimiento del empleo

Los intereses de los trabajadores suelen estar confrontados con los intereses de los empresarios en estos aspectos. Así, cuando un empresario afirma que el pago delegado es "perjudicial para las empresas porque pervierte la relación laboral al no abonar el empresario directa y personalmente el salario, tienen razón desde su punto de vista. Al empresario le perjudica porque al no existir la relación laboral antes citada su poder de presión sobre el trabajador queda limitada. Eso que es perjudicial para el empresario es lo beneficioso para el trabajador, recibir el pago del Ministerio sin tener que cruzarte las caras con el pagador de turno, que siempre te recuerda que como te paga, te domina; es una garantía de libertad. Es una ventaja social conquistada por los trabajadores con muchos años de movilizaciones y de luchas, esa tranquilidad no debemos perderla nunca y deberemos defenderla con todas nuestras fuerzas. Lo bueno para la parte social puede estar amenazado por alguna patronal y por este Gobierno, y defenderlo no debe sonrojar a nadie.

Los acuerdos sobre mantenimiento del empleo son la única garantía de ligar incremento de plantillas a reducción de jornada lectiva y a garantía en el empleo. Para ello es decisiva la implicación de las administraciones educativas y la limitación de la libertad de contratación de las empresas. Sí, al aumento de plantillas, pero condicionado a que primero se contrate a las personas que pierden su empleo como consecuencia de la aplicación de la LOGSE.

Que un trabajador se presente en un despacho de dirección con un modelo de contrato en la mano -Acuerdos de Centros en Crisis año 1986- y que le pueda decir al empresario que necesariamente debe ser él la persona contratada, o de lo contrario pierde la posibilidad de tener un profesor más en su plantilla, es un atentado contra la libertad de contratación dé la empresa y es nefasto para el empresario desde su punto de vista de contratar a las personas ideológicamente afines, pero es muy positivo para el trabajador; es la conquista social más grande que se pueda arrancar a la empresa privada.

Aspectos sociales que afectan a las familias: igualdad en la forma de acceso y no discriminación

Las familias también gozan de ventajas sociales que, camufladamente y bajo lemas tan atractivos como ampliar la libertad de elección de centro, pueden verse debilitadas.

La libertad de elección de centro ya está garantizada, cualquiera puede elegir entre el centro público o el concertado más cercano de los que existen en su zona. En estos momentos, y si se respeta la legalidad, nadie puede ser discriminado por su condición social, por sus capacidades o por sus creencias.

Lo que algunos pretenden ahora, camuflado bajo el lema de poder elegir, es ampliar la zona de influencia y flexibilizar las condiciones. El efecto será contrario a lo que se quiere hacer ver a las familias, si se amplia la zona y se flexibilizan los requisitos va a ser mayor el número de aspirantes a los puestos escolares y de producirse exceso de demanda sería el propio centro el que, en última instancia, decidiría quién entra y quién se queda fuera. Las posibilidades de que los que se quedasen fuera fuesen los más necesitados socialmente o de que se discriminase por motivos de opinión, de creencias, etc., aumentarían considerablemente.

Sí, hay aspectos sociales importantísimos que defender en la enseñanza concertada y por ello, en estos momentos, no podemos permanecer al margen. Lo público no es ajeno a la enseñanza concertada.