Concertados
Antonio García
En
estos momentos de conflicto en el mundo de la enseñanza, y de lo público en su
conjunto, no puede uno por menos de plasmar por escrito algunas de las ideas
que le bullen en la cabeza y no sería bueno privarse de realizar una
confrontación sosegada, tranquila y sobre todo respetuosa, con las de otros que
en estos momentos puedan aparecer en el debate social.
Como
siempre se tiende hacía lo cercano, yo me voy a centrar en la enseñanza
concertada, esa enseñanza a caballo entre lo privado y lo público, que es
gestionada de forma privada, pero que está sujeta a las normas establecidas por
las administraciones educativas y financiada con dinero público.
Esta
situación hace plantearse interrogantes sobre el carácter público o privado de
la enseñanza concertada, que cada cual interpreta a su manera según se ponga el
énfasis en la titularidad' del centro o en la procedencia de los fondos
públicos que la financian.
Sin
entrar en profundidad en esta cuestión creo que no se puede asegurar que la
enseñanza concertada tenga todos los caracteres de la enseñanza privada, y es
necesario reconocer que goza de algunos propios de la enseñanza pública.
Es en
estos aspectos de carácter social donde voy a centrarme por ser valorados de
formas opuestas por las patronales y por las organizaciones sindicales.
Aspectos sociales que afectan a los trabajadores:
el pago delegado y los acuerdos de mantenimiento del empleo
Los
intereses de los trabajadores suelen estar confrontados con los intereses de
los empresarios en estos aspectos. Así, cuando un empresario afirma que el pago
delegado es "perjudicial para las empresas porque pervierte la relación
laboral al no abonar el empresario directa y personalmente el salario, tienen
razón desde su punto de vista. Al empresario le perjudica porque al no existir
la relación laboral antes citada su poder de presión sobre el trabajador queda
limitada. Eso que es perjudicial para el empresario es lo beneficioso para el
trabajador, recibir el pago del Ministerio sin tener que cruzarte las caras con
el pagador de turno, que siempre te recuerda que como te paga, te domina; es
una garantía de libertad. Es una ventaja social conquistada por los
trabajadores con muchos años de movilizaciones y de luchas, esa tranquilidad no
debemos perderla nunca y deberemos defenderla con todas nuestras fuerzas. Lo
bueno para la parte social puede estar amenazado por alguna patronal y por este
Gobierno, y defenderlo no debe sonrojar a nadie.
Los
acuerdos sobre mantenimiento del empleo son la única garantía de ligar
incremento de plantillas a reducción de jornada lectiva y a garantía en el
empleo. Para ello es decisiva la implicación de las administraciones educativas
y la limitación de la libertad de contratación de las empresas. Sí, al aumento
de plantillas, pero condicionado a que primero se contrate a las personas que
pierden su empleo como consecuencia de la aplicación de la LOGSE.
Que un
trabajador se presente en un despacho de dirección con un modelo de contrato en
la mano -Acuerdos de Centros en Crisis año 1986- y que le pueda decir al
empresario que necesariamente debe ser él la persona contratada, o de lo
contrario pierde la posibilidad de tener un profesor más en su plantilla, es un
atentado contra la libertad de contratación dé la empresa y es nefasto para el
empresario desde su punto de vista de contratar a las personas ideológicamente
afines, pero es muy positivo para el trabajador; es la conquista social más
grande que se pueda arrancar a la empresa privada.
Aspectos sociales que afectan a las familias:
igualdad en la forma de acceso y no discriminación
Las
familias también gozan de ventajas sociales que, camufladamente y bajo lemas
tan atractivos como ampliar la libertad de elección de centro, pueden verse
debilitadas.
La
libertad de elección de centro ya está garantizada, cualquiera puede elegir
entre el centro público o el concertado más cercano de los que existen en su
zona. En estos momentos, y si se respeta la legalidad, nadie puede ser
discriminado por su condición social, por sus capacidades o por sus creencias.
Lo que
algunos pretenden ahora, camuflado bajo el lema de poder elegir, es ampliar la
zona de influencia y flexibilizar las condiciones. El efecto será contrario a
lo que se quiere hacer ver a las familias, si se amplia la zona y se
flexibilizan los requisitos va a ser mayor el número de aspirantes a los
puestos escolares y de producirse exceso de demanda sería el propio centro el
que, en última instancia, decidiría quién entra y quién se queda fuera. Las
posibilidades de que los que se quedasen fuera fuesen los más necesitados
socialmente o de que se discriminase por motivos de opinión, de creencias,
etc., aumentarían considerablemente.
Sí, hay
aspectos sociales importantísimos que defender en la enseñanza concertada y por
ello, en estos momentos, no podemos permanecer al margen. Lo público no es
ajeno a la enseñanza concertada.