Que paguen los ricos

 

Antonio García

 

EL ARTICULO 31  de  la

Constitución    señala    que

“todos  contribuirán  al  soste-

nimiento  de  los  gastos  públi-

cos de acuerdo con su capaci-

dad”.  En  ningún  artículo  se

habla  de  recortes:  ni  labora-

les, ni sociales. No se habla de

reducir  los  gastos  sino  de

recaudar lo suficiente, de forma justa y pro-

gresiva,  para  garantizar  los  derechos.  Es

más,  el  artículo  40  obliga  a  los  poderes

públicos a favorecer una redistribución de la

renta más equitativa y a realizar una política

orientada al pleno empleo.

Para  garantizar  los  derechos  sociales

recogidos   en   nuestra   Constitución   es

imprescindible una reforma fiscal que desa-

rrolle el citado artículo para que paguen los

tributos  necesarios  quienes  realmente  dis-

ponen de recursos: los ricos.

Para  conseguirlo  habría  que  legislar

en el siguiente sentido:

•Eliminar  la  prescripción  en  los  delitos  fis-

cales y reabrir todos los procesos judicia-

les  cerrados  por  esa  causa  durante  al

menos los últimos veinte años.

    Incluir  un  impuesto  especial  sobre  el

patrimonio  donde  se  ajusten  por  una

única vez los incrementos patrimoniales

de los últimos años con unos porcenta-

jes recaudatorios justos y progresivos. 

    Investigación  de  todos  los  incremen-

tos  patrimoniales  sujetos  a  personas

familiares  o  afines  a  las  juzgadas  por

delitos fiscales.

    Fijar  un  salario  máximo  por  encima

del  cual  el  porcentaje  de  fiscalidad

estaría próximo al cien por cien.

Al  mismo  tiempo  se  tendría  que  abrir

un  proceso  de  persecución  hasta  su  elimi-

nación de la economía sumergida, del frau-

de fiscal y de los paraísos fiscales. Las orga-

nizaciones  políticas  que  apuesten  por  el

Estado  de  bienestar  tendrían  que  com-

prometerse con una reforma fiscal de las

características antes señaladas.